Un esfuerzo mal concebido
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El protagonismo que ha asumido la Secretaría General de Gobierno en lo que su titular ha calificado como “un combate” en contra de la desinformación y las noticias falsas -en aras de la democracia- ha levantado un considerable, y previsible, revuelo. El solo propósito de impulsar una agenda de ese tipo llama la atención, justamente porque la libertad de prensa existe, antes que nada, como mecanismo de control democrático sobre el ejercicio del poder por parte del Estado.
La Segegob ha liderado una iniciativa para establecer un convenio con tres universidades estatales con el fin de crear “una instancia de coordinación y cooperación” entre sus respectivas escuelas de periodismo, con apoyo del Ejecutivo en logística y financiamiento. De ese trabajo surgirá un informe que se espera esté listo en enero, pero cuesta creer que tenga un cariz estrictamente académico y autónomo, como se pretende, dado que tiene un mandante que es el Estado.
La Segegob olvida que la prescindencia estatal es un requisito clave para el buen funcionamiento del sistema informativo.
La no injerencia estatal en el sistema de medios es un requisito crucial para su buen funcionamiento (si bien no el único, por cierto). Aunque la ministra de la Segegob, en entrevista con DF Mas el domingo pasado, insistió en que “el Estado no está interviniendo en nada, está abriendo un diálogo”, el rol impulsor del Gobierno, más la participación de sólo tres planteles y la ausencia de otros actores clave -varios por decisión propia-, ponen en duda el pluralismo y la diversidad que se han citado como objetivos.
Es cierto, por último, que la militancia comunista de la ministra pesa en las críticas, pero ello es inevitable en vista del conocido historial de esa corriente política en materia de libertades en todo el mundo -del cual ella no toma distancia en forma explícita- y su reciente apoyo a la idea de un Consejo de Medios en nuestro país.
Por mucho que la desinformación sea un fenómeno dañino, la agenda del Gobierno debería estar puesta hoy en temas más acuciantes para la ciudadanía, como la recesión económica y la notoria alza de la delincuencia, no en materias que la sociedad civil está llamada a tratar primero, con más credibilidad y con mayor autoridad.
